La autonomía del sindicato
Riccardo Terzi
(Nota del Traductor. Estamos ante una importantísima reflexión de Riccardo Terzi. El autor es un viejo conocido de los sindicalistas de nuestros contornos: fue durante años secretario general de la poderosa Cgil lombarda y, en la actualidad, dirige el potente Sindicato de Pensionistas Italiano (Lombardía); tiene un merecidísimo prestigio en los ámbitos intelectuales, ambientalistas y políticos de su país, ganado a pulso por su actividad cotidiana y sus escritos en los más prestigiosos medios de comunicación. Aunque este artículo fue escrito en el verano de 2003, las líneas de fondo (la autonomía y la democracia del sindicalismo, las relaciones con el universo político y otras cuestiones de no menor calado) siguen teniendo una enorme actualidad. También para todos nosotros porque no se trata de asuntos contingentes sino de muy largo recorrido. Me permito tres observaciones obligadas: 1) el autor habla siempre, al igual que sus compañeros italianos, de autonomía sindical, y nosotros decimos independencia; se trata de lo mismo, aunque aparezca una polémica (pero sólo en clave italiana, ciertamente interesante) sobre uno y otro vocablo que, en mi opinión, a nosotros no nos afecta; 2) las constantes referencias a los problemas litigiosos entre las confederaciones sindicales italianas deben leerse, lógicamente, a la luz de los primeros años de esta década, las cosas ahora han cambiado, pero ello tampoco le quita actualidad e importancia a este trabajo; 3) quien lea estas páginas “en diagonal” o de forma aturrullada se perderá lo mejor, de la misma manera que no se enterará de nada quien se zampe de golpe y porrazo media docena de piononos, el famoso pastelillo santaferino que debe tomarse poquito a poco y, preferentemente, acompañado de café amargo. José Luis López Bulla)
Primero
El principio de la autonomía del sindicato forma parte, desde hace ya tiempo, de aquel conjunto de fórmulas ideológicas sobre las que parece existir un consenso general.
La autonomía no tiene unos adversarios declarados, pues la opinión más corriente es que se trata de un problema definitivamente resuelto. Esta es una opinión que me parece precipitada y superficial. Las representaciones ideológicas tienen una compleja relación y, con frecuencia, son contradictorias con la realidad; nunca es un buen método juzgar una determinada realidad social sobre la base de sus estructuras de auto-representación.
La investigación científica es tal sólo cuando sabe penetrar más allá del velo de las ideologías. Todavía vale, hoy, la tesis de Marx: es la existencia lo que determina la conciencia, y no al revés. Si, no obstante, nos quedamos en el nivel de las representaciones, acabaremos rápidamente fuera del camino, fuera de la capacidad de observación objetiva de los fenómenos histórico-sociales. Por ejemplo, debemos concluir que la democracia política se ha realizado ya plenamente porque ha vencido en el terreno ideológico, presuponiendo una coincidencia entre ideología y realidad que sólo es raramente un dato a verificar.
El consenso unánime no es nunca una señal de fuerza sino de ambigüedad: cuando todos dicen lo mismo, todos están autorizados a interpretarla de las maneras más diferentes. La palabra que entra en el lenguaje del sentido común paga el precio de perder su valor cognoscitivo, su capacidad de señalar un confín en oposición a otras palabras y conceptos. La palabra queda ritualizada y, de ese modo, es inofensiva. Tengo la impresión que también la autonomía está entrando en el reino de las palabras que han perdido su significado.
En un reciente Congreso de la Fiom, advirtiendo quizá la usura de la palabra “autonomía”, Claudio Sabattini lanzó el eslogan de la “independencia” del sindicato.
Esta palabra suscitó una fortísima polémica y, finalmente, se la dejó morir. Fue un momento revelador que demostraba como un simple deslizamiento terminológico, aparentemente inocuo, podía ser piedra de escándalo, haciendo aflorar todo el fondo oscuro de hostilidad y resistencia que parecía removerse. Es la prueba de la existencia de un problema que está lejos de resolverse. En realidad, aquella propuesta era criticable, no por su supuesto radicalismo sino al contrario: por el significado más restrictivo que tiene la palabra “independencia”.
La independencia del sindicato se ha conseguido substancialmente porque no hay un punto de decisión externo que le pueda imponer sus condiciones. Pero el concepto de autonomía representa algo más fecundo. No sólo significa estar al margen de las interferencias sino saber tener, en su propio ámbito exclusivo, las razones constitutivas de su propia regulación.
Como bien saben los países ex coloniales, la independencia es sólo el primer paso, que modifica solamente los aspectos formales y no los substanciales; el camino a la autonomía exige un proceso más arduo para construir un propio y original modelo de organización social.
A la independencia le basta la ausencia de coerción externa; a la autonomía le conviene una fuerza interna de auto organización. Pero esto no es sólo un problema del sindicato sino de toda la sociedad que se encuentra en una condición inestable, en una incierta transición, pues no se ha trazado de manera clara la relación de la política con la sociedad civil.
Las autonomías sociales siguen todavía confinadas en ámbitos residuales, corporativos y periféricos, mientras que el sistema político tiende a ocupar todos los espacios disponibles, según una lógica invasora; y también tiende a imponer a todo el cuerpo social una forma de bipolarización forzada: la relación de la sociedad con la política se convierte en una relación de vasallaje. Bajo ese perfil, el pasaje a la llamada “segunda república” ha representado un claro retraso, una restricción posterior de los espacios de autonomía.
Según la ideología de la actual mayoría parlamentaria, en su versión fundamentalista --que casi nadie ha sabido o querido contrastar-- toda la vida democrática se reasume, sin residuos, en el mecanismo de la competición bipolar ya que la democracia no es más que la legitimación popular de la autoridad del gobierno. Son claramente visibles todos los efectos perversos que derivan de esta concepción en los campos de la justicia, la información y en la vida de las instituciones porque no hay ninguna función posible de regulación imparcial y todo está sujeto a las necesidades contingentes de la lucha política. El cuadro que resulta es el de una competición que lo invade todo, rompiendo de esa manera el equilibrio constitucional basado en el balance des pouvoirs. Hubo ilusos que, con la introducción del sistema mayoritario, pensaron que se aligeraría la invasión de los partidos y se valorizaría la autonomía de la sociedad civil; sobre todo ello afloró una amplia literatura retórica. Ocurrió justamente lo contrario: la sociedad civil fue totalmente colonizada.
En los partidos políticos, que por lo menos tenían una función de promoción de la participación democrática, han ingresado oligarquías cada vez más restringidas e irresponsables. Es en este cuadro donde todas las palabras tradicionales de nuestro vocabulario político (democracia, autonomía, participación, pluralismo) sufren una violenta torsión y corren el peligro de perder todo su significado original. Y es que hemos entrado en un escenario totalmente nuevo que ha subvertido las formas de la política, las reglas, los actores y las estructuras organizativas. El viejo aparato ideológico de caire liberal-democrático sobrevive cansinamente como un hecho residual en un contexto que lo deforma y lo zarandea; se usan las mismas palabras, pero las relaciones objetivas tienen ya otra naturaleza. También el sindicato se ha metido en esas albardas. Se le reconoce formalmente su autonomía pero en la realidad es muy fuerte la presión para obligarle a alinearse en la competición del bipartidismo; en esas condiciones, el sindicato se convierte en uno de los muchos campos de batalla donde se juegan las relaciones de fuerza de la política. Así las cosas, las actuales divisiones son la consecuencia de esta presión y el signo de una dificultad objetiva para mantener su autonomía social. De un lado, la autonomía declina en términos corporativos, intentando gestionar los pocos espacios residuales de una concertación cada vez más asfixiada; por otra parte, hay una acción sindical que asume las formas de oposición política, de la lucha frontal: de la movilización para una alternativa de gobierno. En ambos casos, peligra la autonomía del sindicato, como sujeto social. Las divisiones sindicales son, pues, el reflejo del nuevo clima político. Por ahora, no se trata de una ruptura irreversible, pero conviene tener claridad que sin un esfuerzo decidido para invertir la ruta, la situación puede precipitarse rápidamente.
La tendencia en curso, si no se corrige, puede conducir a una crisis definitiva de la experiencia unitaria del sindicalismo confederal; es decir, puede suceder que la lógica de la bipolarización política prevalezca y que, también, el sindicato se vea envuelto en ese terreno. Incluso ello puede suceder con independencia de las intenciones subjetivas, mediante una cadena de consecuencias de los procesos que no se sepan controlar y que escapen de su alcance. Todavía más, lo que cuentan son los procesos reales y no sus reflejos ideológicos. Así pues, la autonomía no es un efectivamente un resultado adquirido y consolidado; por el contrario, es un aspecto totalmente problemático.
Todavía no se ha valorado, en toda su dimensión, la radical mutación de cultura política que se consumó con el colapso de la Democrazia Cristiana como perno central del sistema político. La cultura democristiana era una cultura de mediación, fundada en el reconocimiento del pluralismo político y las autonomías sociales, y que confiaba en la política la responsabilidad de una síntesis como salida y no como acto imperativo: se trataba de una capacidad general de relación con la sociedad italiana y con sus articulaciones reales.
El principio de la autonomía de los sujetos sociales entraba, pues, orgánicamente en la estrategia democristiana, no sólo por razones de ductilidad táctica sino como orientación de fondo de la elaboración del catolicismo democrático, que siempre concibió la sociedad en sus articulaciones concretas como un conjunto de cuerpos sociales intermedios, como un entramado de relaciones interpersonales que el Estado debe saber reconocer y tutelar sin imponer su propio orden exclusivo.
El principio de la subsidiaridad (un aspecto importante de la doctrina social de la Iglesia) significa concretamente que existe un primado de la sociedad y que el Estado es sólo un regulador a posteriori para resolver los problemas y los desequilibrios que traspasan el ámbito de la autonomía social. Se puede criticar el resultado de esta orientación porque lo que resultó de todo ello es un equilibrio conservador. Pero se trata de un equilibrio abierto que deja espacio a la iniciativa social. Naturalmente no hubo una correspondencia total entre el planteamiento teórico y la acción concreta de gobierno; además, también la DC desarrolló frecuentemente la lógica de la ocupación del poder. Pero, aunque se moviera en un cuadro teórico que dejaba muchos espacios abiertos, ha sido en tales espacios donde se ha podido desarrollar positivamente la experiencia del movimiento sindical unitario. Con la actual mayoría de centro-derecha, esta orientación se ha arruinado totalmente: Berlusconi no es el heredero de la DC sino su enterrador. Una vez conseguida la legitimación popular, todo se dispone según un orden jerárquico; es decir, quien no se adapte a este orden debe ser silenciado porque se enfrenta a la soberanía democrática que está condensada en el vértice del Estado y en el jefe carismático elegido por los ciudadanos. En este esquema teórico el concepto de autonomía está totalmente privado de sentido. Toda la estrategia del centro-derecha tiene como un claro hilo conductor el objetivo declarado de reconducir las autonomías sociales bajo el dominio de la soberanía política, ya se trate de la Magistratura o de los órganos de información, ya lo sea de las instituciones de garantía o de la representación social. El poder no está ya dispuesto a mediar y negociar, a construir las decisiones mediante las vías del diálogo y del consenso. La concertación queda sustituida por el decisionismo político. El proceso no es ya el camino de la sociedad al Estado, entendido éste como regulador en última instancia, sino la transmisión jerárquica del poder, de arriba hacia abajo.
De manera que no existe ninguna dialéctica entre poder y representación, entre función de gobierno y autonomías sociales, porque la democracia se agota en el acto fundante que confiere al gobierno la plena legitimidad y los poderes absolutos.
La democracia deja de ser un proceso plural en el que concurren las diversas representaciones que se articulan en la sociedad; deja de ser un proceso de corresponsabilización y participación, y se reduce al ejercicio del poder legítimamente constituido.
En esta oposición de dos modelos democráticos alternativos, podemos encontrar verticalización o desarrollo de las autonomías, concentración del poder o pluralismo de las representaciones, el sentido más profundo de la dialéctica política entre derecha e izquierda en la fase actual.
Pero esto no se da por descontado: es sólo una posibilidad, la desembocadura de un recorrido, pero no es, ahora, una alternativa evidente e inmediatamente visible.
La derecha ha enseñado sus cartas, pero la izquierda todavía está oscilante y no ha elaborado una concreta estrategia. No se trata sólo de la resistencia y de la fuerza de la inercia de una vieja cultura estatalista. Si fuera así, la situación no sería alarmante, porque tarde o temprano las resistencias se acaban, y lo que se orienta al declive puede ralentizarse pero no puede impedir su final. Las dificultades de la izquierda, la opacidad de su discurso que le impide constituirse como una alternativa democrática convincente no están esencialmente en su pasado, en su tradición sino en el trayecto en el que se han metido para superar la tradición.
La izquierda ha corregido sus esquemas ideológicos tradicionales e incluso los ha liquidado demasiado brutalmente. Pero, ¿en qué dirección? Si el punto crítico de aquella tradición estaba representado, en mi opinión, por la sobrevalorización de la política y de su función reguladora (de la idea de la” primacía” de la política que llevaba en sí tendencias dirigistas y autoritarias), si la necesaria renovación consiste en conjugar con nuevos términos la relación entre política y sociedad, si este es el tema, es francamente difícil volver a trazar en esa dirección una línea seria de investigación.
La izquierda no ha trabajado su autonomía social, se ha limitado a seguir la onda y ha pensado que la innovación significa democracia personalizada, mediática, tránsito de la estructura colectiva del partido a la función carismática del líder.
Basta mirar todas las discusiones de estos años: no existe la sociedad italiana, no hay el devenir de una nueva representación social; sólo la disputa teológica sobre la consubstanciación del Ulivo y la izquierda, además de a la disputa, ya más terrenal, en torno a las tareas que se deben realizar en el interior de esta nueva unión mística.
En el tránsito a la “segunda república”, como pasaje de la democracia de la representación a la democracia de la investidura directa, también la izquierda ha estado plena y conscientemente atrapada.
Si los tradicionalistas, ligados al viejo aparato ideológico, no disponen ya de instrumentos para entender la evolución de la sociedad moderna, los renovadores son todavía más improductivos porque la única idea que tienen en la cabeza es la del bipartidismo político; y todo debe ser sacrificado en base a ello. En este esquema de total simplificación no hay espacio para el análisis de los sujetos sociales, de su dinámica y su autonomía; sencillamente, no tienen la percepción de los movimientos de la sociedad civil. El único problema es la construcción del sujeto político que puede triunfar en la competición bipolar: es totalmente secundario plantearse con qué base social, con qué programa, con cuál relación con el sistema económico. El sujeto político, así, es un sujeto místico que nace de la nada.
Si los tradicionalistas piensan en una sociedad ya superada, con una dialéctica de clase que no se corresponde a la actual morfología social, los renovadores han resuelto simplemente el problema desplazando de su universo mental todo tipo de análisis de la sociedad y de su dinámica interna. De ahí que la autonomía social --si se toma en serio y se asume como base de una nueva perspectiva estratégica-- es un tema que rompe y trastorna todos los análisis políticos corrientes. Eso puede ser para la izquierda un nuevo punto de arranque en la construcción de una estrategia política que asuma un claro carácter alternativo respecto al modelo plebiscitario de la derecha, pero ello no ha sucedido hasta ahora no ha sucedido. No basta atacar a Berlusconi para ser alternativos. Por otra parte, la sedicente izquierda radical es sólo más agresiva en este ataque, pero mantiene el mismo modelo de la personalización de la política.
Si el problema es sólamente Berlusconi, se trataría de encontrar un nuevo líder que gane, y todo el resto se mantendrá. Pero, entonces, no se comprenderá que, tras Berlusconi, hay un bloque social, un proceso que afecta a la sociedad italiana y es ahí donde se debe intervenir políticamente. Pero ello requiere un pensamiento político: es lo que aparece como sospechoso a quien lo reduce todo a propaganda e inventiva. Explorar el tema de la autonomía social significa buscar todo el amplio espacio intermedio entre las dos polaridades del Estado y del mercado. Y, una vez superadas las antiguas antinomias, los opuestos ideologismos, aparece siempre menos claro que una sociedad compleja no puede ser gobernada ni con la imposición “de arriba” ni con la adaptación pasiva a la lógica del mercado.
Se trata de construir una compleja red de mediaciones sociales.
En resumen, entre estos dos extremos del Estado y del mercado, es el medium de la sociedad quien debe saber organizarse, según su propia línea autónoma de acción, según su propio ritmo, una vez vistos los objetivos comunes de cohesión social, integración, calidad del desarrollo, que pueden alcanzarse sólo mediante una práctica sistemática de concertación entre diversos sujetos, sociales e institucionales.
Es en este espacio social intermedio donde el sindicato puede desarrollar mejor su función, y si se comprende dicho espacio (tanto en relación al Estado como al mercado) ello acabará sorprendiendo por su potencialidad y fuerza expansiva.
Segundo
Para el sindicato no es indiferente la calidad del sistema democrático, porque de ello depende su función, su capacidad de interactuar eficazmente con las instituciones políticas y hacer valor en el proceso de decisión el conjunto de intereses que se propone representar.
El sindicato exige a la política la garantía de estas condiciones, la construcción de un cuadro democrático dentro del cual pueda intervenir con su propia autonomía. Ello no configura ninguna relación privilegiada con una determinada parte política, ninguna forma de colateralismo. Simplemente se trata sólo de la definición de una arquitectura político-institucional que reconozca el papel autónomo de las organizaciones sindicales y su derecho a concurrir, mediante unos concretos procedimientos de diálogo y concertación, a la determinación de las decisiones políticas y su impacto social.
Es decir, el principio de autonomía tiene unas globales implicaciones políticas e institucionales que deben explicitarse.
No es sólo el final de la “correa de transmisión”; no es sólo la ruptura de un vínculo de dependencia del partido político: bajo este perfil, mucho antes de la disolución de la “corriente comunista”, decidida por Bruno Trentin, las relaciones con el partido político se habían modificado sustancialmente, eran relaciones de diálogo entre iguales y no de supeditación.
Si nos referimos a la situación actual, es claro que el poder de condicionamiento de los partidos políticos es casi nulo, y hasta parece existir un proceso opuesto, es decir, una capacidad de presión política de parte de los dirigentes sindicales, como lo demuestra evidentemente la situación sindical-política de Sergio Cofferati. Pero esta oscilación del péndulo en las relaciones partido-sindicato se sitúa, sin embargo, en el interior de un horizonte teórico que piensa las dos funciones: la política y la sindical, como dos lados de un único sistema, como dos caras sólo funcionalmente distintas de un proceso común. El punto superior de conjunción es el concepto de “movimiento obrero” que es donde se reasumen y articulan los diversos planos de la acción: diversos en su instrumentación técnica, pero con una perspectiva común. Toda nuestra historia tiene esta base teórica; es la historia de un único proceso, articulado pero compacto, ya que existe una línea de continuidad que relaciona la dimensión social con la política y con la ideológica. Debemos interrogarnos si este esquema teórico puede ser practicado útilmente todavía, y si tiene una correspondencia con la realidad.
Creo que esa compacta se ha disgregado, y que ya hoy es sólo una representación ideológica sin una relación con los procesos reales. Incluso por ello, aquella idea de la unidad orgánica entre lo político y lo social no es ya un elemento de fuerza porque no se aguanta sobre bases reales. Pero se convierte en un desconcierto porque tiene forzosamente dos planos que, cada vez, son más netamente distintos, y que entrambos tienen necesidad de desarrollar plenamente las razones de su propia autonomía.
El discurso sobre la autonomía no va en una sola dirección: la autonomía social tiene como necesaria correspondencia la autonomía política. Se trata de dos dinámicas diferentes, y no es útil sobreponerlas: el sindicato no puede ser el brazo operativo al servicio de un proyecto político, ni el partido puede ser una estructura parasindical que se limita a vehicular las exigencias sindicales al terreno institucional.
Naturalmente para un partido de izquierda, que quiera seguir siendo tal, la ruptura del modelo teórico del “movimiento obrero” no puede significar de ninguna manera una ralentización de la cuestión social, de seguir siendo una fuerza instalada en la realidad del trabajo y de sus conflictos.
La autonomía de la política no consiste en seguir confinados en una dimensión jurídico-institucional o en el discurso abstractamente ideológico sobre los valores: significa interpretar políticamente la sociedad e intervenir en sus líneas de conflicto y en sus equilibrios de fuerza. La dimensión política observa, de hecho, las relaciones de poder en la sociedad y la cualidad social de las políticas públicas: este es un campo de intervención del partido de izquierda, sin delegar al sindicato su tarea, aunque ejercitándola en primera persona. La autonomía no es la delimitación de diversas “áreas de competencia” (a cada uno, según su oficio) sino la dialéctica que se desarrolla entre sujetos diversos, con funciones distintas, sobre un mismo terreno de la sociedad y su organización.
Los dos planos son distintos, conceptual y pragmáticamente, porque, de un lado, existe una función de proyección, y, por el otro, hay una tarea de representación: unas funciones que se entrecruzan, pero no son reducibles la una a la otra. Las raíces profundas de la autonomía sindical están en la representación. Ahora bien, ¿qué significa representar? Puede haber una representación abstracta, ideológica, presunta, que nace del exterior del sujeto social, como esquema teórico interpretativo que se superpone a los procesos reales.
Es el esquema leninista de la conciencia de clase, que puede ser sólo elaborada por un sujeto político externo. Por el contrario, la representación sindical es el proceso real de auto organización del trabajo: un proceso totalmente inmanente que sigue el ritmo de la experiencia concreta cotidiana de los sujetos sociales. El movimiento sindical no contempla la teoría como fuente reguladora de la praxis, sino que, al revés, acompaña a la práctica social, sigue sus oscilaciones y experimentos, y concibe la teoría sólamente como el resultado, siempre provisional, de esta praxis.
La representación, en este sentido, es sólo el resultado de una práctica social, y se empequeñece cuando esta práctica no se activa. Existe sindicato y hay representación sólo cuando existe un proceso social que lleva al resurgir de la subjetividad del trabajo, a su reconocimiento y a la organización práctica de sus demandas. Por eso, el sindicato nunca puede vivir de rentas, sino que está expuesto a la verificación, y debe renovar incesantemente su relación de confianza con el mundo del trabajo que está en continua transformación. Bajo ese perfil, la situación actual de las confederaciones sindicales presenta no pocos problemas; no me parece que tengan una adecuada responsabilidad. El problema está en el hecho de que la actual fuerza representativa del sindicato es el resultado de una concreta etapa histórica, caracterizada por un modelo de organización social, hoy ya liquidado, mientras que todos los nuevos procesos de descomposición del trabajo y el nuevo archipiélago social, que se desprende de aquello, no han encontrado todavía una respuesta sindical, y además la estructura sindical parece funcionar más como elemento de estabilización que de innovación. A la larga, esta separación entre fuerza consolidada y el descubrimiento de nuevos territorios sociales puede determinar una situación de crisis, cuando se bloquea la función de la representación. Si el hecho de representar es siempre un proceso abierto, este carácter de apertura es absolutamente decisivo en el momento en que cambiar estructuralmente la configuración del mundo del trabajo.
Por lo tanto, se trata de representar el trabajo que cambia en una fase de vertiginosas transformaciones gracias al impacto de las nuevas tecnologías, las nuevas estrategias organizativas de las empresas, la creciente globalización de los mercados; y estos cambios estructurales determinan nuevas formas de consciencia subjetiva, nuevas representaciones culturales; no cambia, pues, sólo la condición material del trabajo sino también la subjetividad del trabajador. Para superar este desplazamiento del sindicato ante el cambio social, es preciso repensar toda su estructura organizativa, de tal modo que se proyecte no a la conservación, no a la reproducción de una identidad estática sino a la sindicalización de los nuevos campos que hoy no cuentan con la acción sindical.
El modelo organizativo hoy prevalente en todas las grandes confederaciones no está en condiciones de desarrollar estas tareas; no está predispuesto, en función de un amplio programa a experimentar y a conseguir una nueva sindicalización. Es más, copia la forma del partido político de masas: centralización, grupo dirigente profesionalizado que concentra en sí mismo todas las opciones estratégicas, definiciones de una “línea política” a la que tienen que uniformarse todas las estructuras periféricas; y a este esquema deben sacrificarse incluso los recursos que son decisivos para conseguir un proceso renovador: los recursos para la experimentación, la autonomía, la libre circulación de las experiencias y promoción de nuevos líderes. En una palabra, estamos en la clásica situación de burocratización, que asegura estabilidad y permanencia, pero no está en condiciones de producir renovación.
Y con ello volvemos al problema de la autonomía. Si captamos el valor más profundo de la autonomía, ésta no sólo debe guiar las relaciones externas sino también el proceso interno de recambio organizativo y de reelaboración del proyecto político. Para ello es necesario un modelo no centralizado y jerárquico sino abierto, capaz de coger en su seno todos los estímulos de una sociedad en movimiento y poder representar todas las nuevas demandas, sin meterlas en un esquema preconstituido. La representación es un movimiento en dos direcciones: una acción por arriba que fija los parámetros políticos con la idea de construir la coordinación solidaria de los intereses, y una acción desde abajo que alimenta el flujo creativo y pone en entredicho todas las síntesis políticas provisionales, imponiendo un proceso continuo de verificación democrática y reelaboración programática. La burocratización se concreta cuando funciona sólo la línea de transmisión de las decisiones de arriba hacia abajo y se obstruye el proceso inverso, con la consecuencia de que el sindicato acaba por asumir una forma política, no funcionando el intercambio social a través del cual se realiza la representación. Partiendo de esta concepción del sindicato, como sujeto autónomo representativo, toman sentido dos temas cruciales: el de la unidad y el de la democracia, los cuales se presentan como asuntos conexos que deben tratarse conjuntamente en su recíproca relación de implicaciones.
La representación social tiene en sí una natural disposición unitaria porque es la expresión inmediata de una condición colectiva y de una praxis social; efectivamente, podemos verificar en la historia del movimiento sindical cómo los momentos de fuerte movilización “por abajo” son, también, momentos de máxima unidad. Las divisiones son interferencias externas, incursiones de la política o de la ideología o sólo una dimensión de la autodefensa de las grandes estructuras burocráticas. Ya Di Vittorio dejó bien a las claras este punto. El habló de “una unidad de carácter social que domina las mismas diferencias de opinión”, de “una base esencial de principio que sostiene la unidad de los trabajadores de todas las categorías”, los cuales “pueden estar divididos por ideologías, opiniones políticas”, pero más allá de ello se encuentran unidos en la identidad de la condición social. Estamos en 1947 cuando, al poco tiempo, la unidad se rompe: es la fuerza de la política la que destruye la autonomía del sujeto social, y esta dialéctica se hará presente más veces en la historia del sindicalismo italiano.
También la actual crisis de las relaciones unitarias puede ser interpretada en esta clave: como efecto de una politización, de una presión del sistema político que exporta al movimiento sindical sus tensiones y turbulencias; la politización genera una competición hegemónica entre las mayores confederaciones y, también, en el interior de todas ellas. Para desbloquear esta situación hay que referirse a la autonomía del espacio sindical. Lo ha reconocido con coraje Guglielmo Epifani en una reciente entrevista: es necesario un trabajo de resindicalización. Y aquí el paso decisivo lo debe dar la Cgil, porque nosotros somos los más expuestos (por nuestra historia, por su mayor relación con las iniciativas políticas, por la propia biografía de sus dirigentes) al riesgo de usar la representación como un arma política. Es indicativo el hecho que las articulaciones internas de la Cgil han sido siempre articulaciones de partido, y todavía lo continúan siendo, a pesar de la disolución oficial de las corrientes. La Cgil está más fuertemente condicionada por el debate que se ha abierto en la izquierda por el encontronazo en el interior de los Democratici della Sinistra, sufriendo desde varios ángulos una presión hacia su connotación como fuerza de oposición que suple la debilidad de los partidos.
Será interesante verificar en el próximo futuro sobre qué línea se orientará la dirección de Epifani y si conseguirá verdaderamente que tome cuerpo el proyecto de resindicalización. Por otra parte, la Cgil tiene perfecta razón cuando sostiene que la unidad sindical es posible sólo sobre la base de un sistema de reglas democráticas compartidas. Autonomía significa literalmente dejarse guiar sólo por las propias reglas internas: ello se opone tanto a la dependencia del exterior como al gobierno de lo arbitrario y de la fuerza. La debilidad y evanescencia de las reglas de la democracia sindical son un serio obstáculo al ejercicio de la representación porque se introduce, así, una quiebra de la relación entre representados y representantes, consignando a los grupos dirigentes un poder totalmente discrecional. La unidad sindical, de la que hablaba Di Vittorio, puede ser sólo la salida de un proceso responsable de diálogo y mediación donde se dé voz y legitimidad a todas las posiciones diversas; y sólo un procedimiento auténticamente democrático puede realizar una síntesis compartida y dirimir las cuestiones controvertidas.
La democracia es, pues, la forma donde la unidad puede realizarse. La Csil es, en esa dirección, quien debe dar el paso decisivo, abriéndose a un diálogo para definir unas comunes reglas democráticas: sobre todo, unas reglas intersindicales, autónomamente decididas sobre las que sucesivamente puede haber una legislación que les dé cobertura y hacerlas obligatorias para todos. Así, la unidad, en sustancia, puede ser el resultado de dos procesos paralelos: resindicalización y democratización.
Una vez reconstituidas las condiciones para un sindicato que ejerce la representación social, se trata posteriormente de ajustar las cuentas con las condiciones políticas. Si el cuadro político-institucional no ofrece ningún instrumento de concertación ni ninguna forma de coparticipación responsable en las decisiones, se pierde una condición esencial. La otra cara de la representación es la negociación. Representar no es un fin en sí mismo, pero debe incorporarse a un proceso político donde el sujeto sindical se mide con otros sujetos y otros intereses, con los todos problemas del equilibrio general del país. Este proceso supera la unilateralidad, va más allá de la dimensión corporativa y asume una dimensión nacional. Pero si se queda bloqueado, sino existe un interlocutor político, la representación no tiene su salida natural, y puede traducirse en formas de maximalismo veleidoso o de corporativismo. De ese modo se cierra el círculo y se corre el riesgo de volver al punto de partida.
Esta es la difícil contradicción de esta fase. La dificultad está en el hecho de que la autonomía sindical tiene necesidad de encontrar una salida política, pero con el actual gobierno de centro-derecha no existen las condiciones para una interlocución mínimamente eficaz. Sin embargo, no se trata de una situación totalmente bloqueada porque el sistema político tiene todavía algunas articulaciones, es decir, no es un régimen compacto y monolítico del todo.
"Rassegna Sindacale", Otoño 2003
Traducción de José Luis López Bulla
