lunes, febrero 14, 2000

LA IZQUIERDA EN EL MUNDO DEL TRABAJO (1999)

Conferencia de José Luis López Bulla en el acto El món del treball al Govern celebrado en Barcelona el dia 17 de setiembre de 1999


Me propongo inicicar una “Declaración de Intenciones” sobre lo que considero que debería ser el papel a desempeñar por la izquierda en el mundo del trabajo. Digo que es una declaración de intenciones porque quiero establecer un vínculo con vosotros que no se refiera sólo a la necesaria y entrañable relación de los afectos. Que sirva para establecer proyectos e ideas, capaces de traducirse en utilidades para las personas de carne y hueso. Pero, antes, quiero agradecer las muy elogiosas palabras de Enric Bastardes y Pep Riera. Tanto piropo hacia un servidor se explicaría desde el mundo del afecto que nos profesamos, labrado después de unos treinta años de estar haciendo de las nuestras. Lo cierto es que nos conocimos los tres solteros y sin compromiso, y ahora somos abuelos. Lo que son las cosas... Esta es mi propuesta y con vosotros.”


Hasta ahora, toda la política ha tenido un vacío en su elaboración teórica y en su intervención práctica que ha afectado también a los comportamientos culturales de todas las izquierdas: la política no ha intervenido en la esfera de la producción de bienes y servicios. Es decir, qué hay que producir y cómo hacerlo. Este es el vacío que hay que empezar a cubrir. Ha intervenido, eso sí, en la construcción de los derechos de ciudadanía del Estado de bienestar ¡que no es poca cosa! Pero estas políticas distributivas, auténtica conquista de civilización (¡no se olvide!) han estado separadas de la esfera de la producción. Así pues, la intervención se ha dado (y la cosa sigue igual) sólo en el terreno de las consecuencias de la producción, no en el cogollo de la economía. Digo que este es el vacío que debemos rellenar para que la política y los movimientos sociales den un salto de nueva cualidad. Con este punto de mira (que vincula producción, estado de bienestar, calidad de vida, incluída la cuestión medioambiental y los consumos de bienes y servicios), IC-V pone encima de la mesa la necesidad de estructurar un proyecto político, social y cultural de progreso con la necesaria pasión de transformar el presente.


Si la política ha estado ausente de la producción, podemos barajar las siguientes consecuencias de ello: 1) Subalternidad al sistema de empresa y, especialmente, a la organización del trabajo, que han provocado 2) políticas distributivas sólo de resarcimiento y compensaciones, con sus correspondientes; 3) externalizaciones tanto a los sistemas públicos de protección como al medio ambiente; 4) una creciente separación entre crecimiento cuantitativo de la producción y la estructura cualitativa de las necesidades sociales insatisfechas. Por ello, entiendo que el modelo keynesiano no sólo está agotado sino que, en esas condiciones, es perfectamente inútil para el objeto de las políticas de izquierdas que es el bienestar de las personas mediante el soporte de los derechos de ciudadanía y sus instrumentos democráticos. De manera que para superar definitivamente dicho modelo es necesario forzar la entrada (gradualmente) en otro “sistema”. A tal efecto, propongo un Pacto político y social de progreso, cuya clave de bóveda es la producción.



Los escenarios de este pacto serían los siguientes:


1) La reforma de la empresa,

2) La construcción de un nuevo estado de bienestar,

3) La compatibilización con el medio ambiente,

4) Una democracia inédita.


Se trata de un proyecto en el que actúan las izquierdas políticas y sociales desde la propia independencia mútua de cada agente, en función de sus objetivos y prerrogativas, de sus propios instrumentos y representatividad. Es un proyecto en torno a un paradigma diversamente compartido que supone: a) grandes miras comunes con sus correspondientes encuentros estables y coyunturales, y b) momentos de acuerdo y desacuerdo.


PRIMERO


La ausencia de intervención política en la esfera de la producción ha provocado importantes cuellos de botella. Son los siguientes.


1. Las izquierdas han asumido acríticamente la hegemónica organización del trabajo, el taylorismo, que ha recorrido durante este siglo la inmensa mayoría de sus escenarios del trabajo, industrial y de s e rvicios, incluida la administración pública. Las izquierdas sólo han impugnado el abuso del taylorismo, no su uso.


La asunción de dicha organización del trabajo significaba, de un lado, la subalternidad de las izquierdas en relación a la empresa en el terreno de la producción y, de otro lado, la separación entre política y economía, aumentando la empresa su personalidad de auto-referenciación, esto es, la empresa no tenía otro referente que ella misma. Las izquierdas sólo disponían de un terreno de juego: los márgenes de las políticas distributivas que permitía la hegemonía de la empresa. De manera que podemos afirmar que el conflicto político (y social) se ha centrado, casi en exclusiva, en torno a la redistribución. La forma y el modo de producir ha recorrido, desde el centro de trabajo, un camino que ha influenciado poderosamente las formas de vida del conjunto de la sociedad. Se fue generando un taylorismo social. Así pues, la división en el centro de trabajo entre quienes detentan los saberes para hacer la técnica y los trabajadores subalternos se traslada a la exasperación que el taylorismo social provoca entre gobernantes y gobernados en el territorio político. Esto es, de un lado el grupo de managers y el conjunto asalariado; de otro lado, la “democracia de los expertos” (políticos o técnicos, tanto da para el caso) y el conjunto de la sociedad, cada vez más alejada de los avatares políticos. La empresa que fue construyéndose en base a su propia autorreferencia como una zona franca, fuera de las miradas de la política, va expandiendo unas poderosas redes de influencia, de modos de vida, en el conjunto de la sociedad.


2. El diseño de las políticas de estado de bienestar (la gran conquista de civilización de este siglo) siempre estuvo desligado de la producción de bienes y servicios. Así las cosas, los sistemas públicos de protección fueron, por lo general, unos instrumentos de resarcimiento y compensación de los efectos desordenados de la producción; lo cierto es que no se podía esperar otra cosa, ya que la política no había establecido vínculo alguno entre producción y redistribución. Es más, tales resarcimientos y compensaciones financieras siempre se endosaron a los sistemas públicos de protección.


Tan sólo dos ejemplos ilustrativos: efectos indeseables de la producción (y ausencias endémicas de políticas activas de creación de empleo y actividad) fueron endosadas y resarcidas por el estado de bienestar; de la misma forma, consecuencias nocivas de la producción (en concreto, de los sistemas de organización del trabajo) para la salud, la seguridad y la higiene son externalizados hacia el estado de bienestar para que éste, a su vez, ponga en marcha los consiguientes resarcimientos. De ahí que la mejor manera de luchar contra la siniestralidad laboral y por la mejora de las condiciones de salud en el centro de trabajo, sea la intervención en la esfera de la producción y la organización del trabajo.


Esto es, ir a la madre del cordero. Así las cosas, el actual “modelo” está agotado. Más todavía, desde esta morfología es imposible situarse en la hipótesis del pleno empleo, la humanización del trabajo y los correspondientes nuevos derechos de ciudadanía, capaces de “invadir” la esfera de la producción de bienes y servicios.


3. Lo mismo sigue ocurriendo en relación a la cuestión medioambiental. La ausencia de intervención en la producción ha conllevado la idea (todavía no eliminada, ni siquiera teóricamente) del crecimiento sin límites, exagerada aún más por el taylorismo. La empresa ha externalizado innumerables y cuantiosos efectos de nocividad al medio ambiente.


La única salida de la política establecida sigue siendo, cuando lo hace, aquello de “quien contamina, paga” (sólo en parte); o bien, el recurso (cuando se consigue) de la penalización jurídica al responsable del desaguisado, como fue el caso tan llamativo del empresario Puigneró, quedando intactas las bases organizativas que provocaron la contaminación.


SEGUNDO


Hay que construir un paradigma diversamente compartido por las izquierdas políticas y los movimientos sociales. A saber: la esfera de la producción, políticas redistributivas y los movimientos sociales. Diversamente compart i d o, digo, por la singular personalidad de los sujetos políticos y de los movimientos sociales. Es decir, de la independencia de cada cual y de todos entre sí. Independencia, sí, de los movimientos sociales, que no es un atributo de quita y pon. Independencia y plena personalidad, tanto si la izquierda política está en el Gobierno -y es de esperar que lo esté tras las próximas elecciones autonómicas- como en la oposición en cualquier tiempo y lugar. [Hablando de independencia, quiero felicitar al sindicalismo confederal por el importante acuerdo sobre pensiones al que han llegado con el Gobierno, pues -además de los contenidos- es un ejemplo de autonomía de proyecto] Hablo de un paradigma diversamente compartido que tendría como objetivo la salida (gradual) del taylorismo. Los agentes constructores de ello serían las fuerzas políticas y los movimientos sociales.


El mundo de la ciencia y las humanidades tendría un papel inestimable, nunca subalterno, en la génesis y desarrollo de este paradigma diversamente compartido. Se recuerda le notabílisimo apoyo científico que tuvo, y sigue teniendo, el taylorismo por parte de importantes iuslaboralistas y científicos sociales.


1. La reforma de la empresa


Se trata de abordar este escenario en el que el conjunto de la política ha estado en ayunas. Digamos que la política, que ha tenido importantes proyectos y realizaciones en la ciudad democrática, no ha dispuesto del coraje intelectual para hacer lo mismo sobre la empresa, auténtica zona franca durante todo el siglo XX. De aquí que se haya ido consolidando, entre otras cosas, la llamativa y contra producente separación entre política y economía.


La reforma de la empresa tiene una condición sine qua non: el discurso y el proyecto en torno a la producción de bienes y servicios. Los objetivos son los siguientes. Primero, la humanización del trabajo; el trabajo que no es un artilugio social sino un derecho donde se basa, aunque no única sí fundamentalmente, la ciudadanía. Segundo, la democraticidad de la empresa. Tercero, la eficiencia de la empresa.


Vayamos por partes.


1.1. La humanización del trabajo


Que propondría la liberación en el trabajo, no la liberación del trabajo. Y su centralidad sería la persona concreta que trabaja y quiere trabajar. Se trataría, ciertamente, de remover todos los obstáculos de la alienación, de un lado, y los que son consecuencia de la nocividad y siniestralidad del centro de trabajo.


1.2. La democraticidad de la empresa, muy en especial tras el cambio orgánico, de nuesva estructura que se está operando en ella, tanto en el terreno de la innovación tecnológica como en la forma. Comportaría la mayor cercanía posible entre innovación tecnológica y derechos de ciudadanía de la comunidad social. Lo cierto es que el núcleo fuerte de los derechos sigue estando en clave antigua y apenas si han variado; más todavía, el poder discrecional empresarial sigue siendo el aparato que gobierna los cambios, estructurales o no, en el centro de trabajo.


El papel de la contractualidad es fundamental, también como fuente de derecho. En los terrenos legislativos no cabe duda que se necesitan importantes cambios, muy en especial en lo referente a losderechos en torno a la producción. En concreto, el Estatuto de los trabajadores necesita una importante reforma, nuevos derechos que equilibren la relación entre producción, innovación tecnológica y la persona concreta que trabaja. Y, comoquiera que hay que proteger de un modo más equilibrado a los sectores laboriosos de la pequeña y pequeñísima empresa, parece de cajón formular la necesidad de un código de derechos para ese conjunto asalariado.


Cuestión clave para la democraticidad es el instrumento de la codeterminación. Esto es, los poderes del movimiento de los trabajadores (y del sindicalismo confederal) a la hora de fijar las condiciones para el trabajo y las condiciones de trabajo. Un derecho de estas características tiene hoy más sentido que nunca, ya que el carácter de las nuevas tecnologías, con su extremada versatilidad y flexibilidad -y la nueva relación que provocan entre espacio y tiempo- requiere un instrumento de este estilo. Por otra parte, sería el más apropiado para establecer las necesarias compatibilidades que deben atravesar el universo de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, una política de tiempos de trabajo que conjugue la reducción de los horarios -esto es, la movilización por las 35 horas- con nuevas formas de organización del trabajo y la utilización de las instalaciones industriales y de servicios con el acceso a la formación permanente y la reclasificación profesional; lo que comporta que no hay ninguna condición de trabajo que sea una variable independiente.


Desde el territorio político, me emplearé a fondo para que toda la izquierda comparta que es necesario elevar a rango legislativo el instrumento de la codeterminación.


1.3. La eficiencia de la empresa es un discurso que, por lo general, no ha sido abordado por las izquierdas, y cuando lo han hecho (por ejemplo, las formulaciones de la “tercera vía” de Blair y Schröder) más bien parecen subalternas de un lado, y, de otra parte, ausentes de la humanización del trabajo y la democraticidad de la empresa.


La eficiencia de la empresa requiere que se aborden tres mecanismos de freno que taponan su funcionamiento. Estos son, como he dicho en otras ocasiones: a) el déficit tecnológico y los procesos formativos para la persona concreta que trabaja; b) la pertinaz precarización del mercado laboral; y c) el rayo que no cesa de la siniestralidad.


En este sentido, el papel de la contractualidad entre los agentes sociales y económicos, de una parte, y la función reformadora de la legislación, de otro lado, es fundamental, deben establecer la función sinérgica entre innovación y derechos de ciudadanía; o entre dicha innovación y los procesos formativos a la persona concreta que trabaja; o la necesidad de romper el vínculo entre la organización nociva del trabajo en la empresa siniestrable, los accidentes laborales y las enfermedades (viejas y nuevas), de un lado, y todo lo anterior con la inaudita precarización del mercado laboral realmente existente, de otra parte.


Ni qué decir tiene que no estoy hablando de la adaptabilidad, una categoría extremadamente sobada y auténtica clave de bóveda del discurso sin vitaminas de la “tercera vía” de Blair y Schröder. Me estoy refiriendo a la intervención de nuestra izquierda política, como sujeto de proyecto alternativo, de largo recorrido, como agente de reformas y transformaciones progresistas.


Así pues, si la política arranca en su discurso de la producción de bienes y servicios, poniendo en solfa la organización del trabajo hegemónica (taylorista), se puede enlazar con la necesaria reconstrucción de las políticas de estado de bienestar. Se trataría de remover todos los obstáculos que produce la empresa nociva, así en las condiciones de trabajo como hacia el medio ambiente; de eliminar las e x t e rnalizaciones y los re s a rc i m i e n t o s para ir concretando unas políticas públicas de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo y en las condiciones de trabajo; de establecer las compatibilidades de todo ello con los procesos escolares, primero, y de recualificación profesional permanente. También para crear las condiciones reales de un estado de bienestar incluyente y no dirigido por los siglos de los siglos a los excluídos para que sigan siendo excluídos. Un estado de bienestar que convoque a la solidaridad transparente y no a las subalternidades de las conductas caritativas de quita y pon.


El Marc català de relacions sòciolaborals debe ser una pieza fundamental en este p royecto de reformas. Esto es, una amplia red de sujetos (institucionales, sociales y económicos), medidas de gobierno, disposiciones legislativas, prácticas contractuales y, también, el ejercicio del conflicto. Yo concibo este marco, no de forma autárquica sino vinculado al mundo de la interdependencia donde se están dando importantes reestructuraciones en la economía productiva y financiera, de un lado, y de la implantación de la moneda única europea, de otro lado. De manera que sujetos, prácticas y el mismo ejercicio del conflicto deberían tener esacaracterística. Lo cierto es que no existe un “espai social” catalán químicamente p u ro, pues sería un suicidio. Y, sin embargo, la derecha catalana y algún que otro empujan en esa dirección, tal vez para recluir al movimiento de los trabajadores en unos limitados horizontes, en unos casos, y por ignorancia de quien no conoce el paño, por otra parte. Así pues, un “marc català de relacions sociolaborals” cuyo horizonte es Europa y su campo inmediato de intervención es Catalunya.


Este marco de relaciones sociolaborales debe, en consecuencia, concitar reformas y novedades audaces, unas puestas en marcha por la sociedad civil y sus organizaciones sociales, otras desde la actividad legislativa del Parlament y la capacidad de éste de propuesta ante el parlamento español. Concitar reformas y novedades tales como: 1) la de la empresa, 2) el código de derechos de los trabajadores catalanes de la pequeña empresa, 3) un instituto catalán para las condiciones de trabajo, y 4) los cambios legislativos del Estatuto de los trabajadores.


2. La democracia inédita


Para tales metas -estratégicas, unas; para ahora mismo, otras- es de cajón afirmar que hay que desarrollar, mucho más todavía, el sistema de libertades, la democracia, y cuajarla de hechos participativos.


Nunca, como en estos tiempos, tuvo la libertad tanto predicamento. Así lo demuestra la aparición de miles de subjetividades, el amplio deseo de autonomía personal. Sin embargo, la política está en entredicho, afectando también (no nos engañemos) a amplios sectores de la i z q u i e rda. Las tradicionales bolsas de abstencionismo popular lo demuestran por desgracia; por desgracia para ellos y para nosotros. Tal vez, digo tal vez, una de las razones de ese abstencionismo pueda estar, entre otros motivos, en que la política se va separando cada vez más de la economía, de un lado; y, de otro lado, en la ausencia de intervención de la política en torno a la humanización del trabajo. Así pues, se ha ido configurando un escenario en que los movimientos sociales están separados entre sí y de la acción política. De ahí la necesidad de vertebrar el paradigma diversamente compartido entre las fuerzas de izquierda y los movimientos sociales, cada cual con sus responsabilidades, poderes e instrumentos que les son propios. Con la gran ventaja, ya histórica, de la mayoría de edad –del ejercicio de la independencia— de los movimientos sociales importantes que no necesitan afortunadamente tutorías ni “presenciales” ni a “distancia”.


Una democracia inédita. Pero ¿en qué sentido? Primero, que la praxis política (incluido el conflicto político) parta de la producción y sus compatibilidades con las políticas de estado de bienestar y la cuestión medioambiental. Segundo, el fortalecimiento de la sociedad civil. Tercero, la puesta en marcha de nuevos derechos de ciudadanía. Cuarto, nuevas reglas en la arquitectura democrática. Quinto, el conjunto de derechos proclamados debe tener la mayor proximidad posible con los derechos ejerc i t a d o s . Sexto, que la legitimidad estática que viene de las urnas tenga constantemente la mayor confianza dinámica de la gente hacia las instituciones democráticas.


Bien, este es mi compromiso político que hoy estreno formalmente y no es casualidad, sino pura intención que lo haga en vuestra presencia. Un compromiso político que tiene la intencionalidad de remover, en principio, los obstáculos más directos -me refiero a los de ahora mismo- que se enfrentan a la salida gradual del taylorismo. Esto es, la política conservadora del nacionalismo autárquico que representa CiU.


Hasta aquí mi “Declaración de Intenciones”. Digamos que aquí está el fondo de lo que se irá proponiendo, cargado en su momento de la necesaria chispa y, si se tercia, del pescozón a quienes corresponda. En el día de hoy me parecía poco útil fajarme con la derecha nacionalista, haciéndola responsable de la situación del empleo, de las infraestructuras, de la cultura (tanto de las consecuencias de su política como del conchabeo con el Partido Popular) aquí en Catalunya. Y de la misma manera, me parecía absurdo salir al paso de las declaraciones del Secretario general de CDC que afirmó que si se supiera que López Bulla iba a ser el futuro Conseller de Treball o de Indústria espantaría el voto moderado. A esa salmodia se ha añadó, también, Artur Mas, el número dos del pujolazgo. Tiempo habrá, también de carg a r contra esa vulgaridad y poquedad intelectual. Pero, ahora que caigo, no se trataba de vulgaridad, sino de un ataque en regla contra el principio democrático de la alternancia y de las consecuencias de la misma. El hecho de que no sepan que es así es lo más preocupante. Por cierto, mi amigo Antonio Bassolino es Ministro de Trabajo de Italia y también recibió más de un chaparrón de insultos por parte de Berlusconi y de los ricachones de por allá. Ahora, me pareció que lo mejor era deciros quién sigo siendo, y para qué.


Más o menos lo siguiente: quiénes son los míos, qué nobles intereses representamos y contra quiénes voy. Contra quiénes vamos desde el largo recorrido que nos sigue esperando a Iniciativa per Catalunya-Verds. Echadnos, pues, una mano y el corazón y los mejores sentimientos.

Yo haré lo mismo.


No hay comentarios.: